"Los ministerios de Interior y Justicia pretenden castigar con al menos dos años de cárcel a quien convoque a través de internet una protesta que altere gravemente el orden público o en la que se ataquen a las fuerzas de seguridad del Estado.
Incluso sería considerado como un delito de atentado a la autoridad la resistencia pasiva, como dejó ayer claro el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, lo que ha provocado una enérgica respuesta por parte de los movimientos sociales."
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